Los conductores están obligados a realizar pruebas de detección de **alcohol y drogas** cuando los agentes de tráfico se lo solicitan. Esto puede ocurrir si han estado involucrados en un accidente, muestran síntomas de estar bajo la influencia de estas sustancias, han cometido una infracción, o durante controles preventivos.

Negarse a realizar estas pruebas es considerado un **delito**. La ley establece sanciones para quienes se niegan, lo que incluye la posibilidad de que los agentes de tráfico inmovilicen el vehículo del conductor. Esta medida se toma para garantizar la seguridad vial y prevenir que personas bajo la influencia de alcohol o drogas continúen conduciendo.

Por lo tanto, si un conductor se niega a realizar estas pruebas, no solo está cometiendo un delito, sino que también los agentes tienen la autoridad para inmovilizar su vehículo.